solo lean este reportaje,fuente la nacion del domingo.
ra fines del año 2006 y el diputado José Antonio Kast (UDI) sólo tenía una cosa en la cabeza: echar por tierra las intenciones del Gobierno de distribuir la píldora del día después a mayores de 14 años sin el consentimiento de sus padres.
El hermano de Miguel Kast ex ministro de Pinochet , padre de ocho hijos, ex alumno del Colegio Alemán y abogado de la Universidad Católica, lo consiguió más de un año después. Junto al abogado Jorge Reyes presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que decidió que en Chile ninguna mujer que solicite la píldora en un consultorio podrá obtenerla.
“Es absurdo, sólo cinco jueces del TC sellaron el destino de la sexualidad en Chile”, afirma una fuente ligada al tribunal que el viernes anunció su decisión de votar a favor de la demanda liderada por Kast y que suma a otros 35 diputados de la Alianza.
El objetivo: terminar con la actualización de las Normas de Regulación de Fertilidad, es decir, la entrega de la píldora en el Sistema Nacional de Salud.
Esta resolución nos deja al mismo nivel de países como Irán, Uganda, Costa Rica, Filipinas y Ecuador, donde también se prohíbe el anticonceptivo de emergencia. Con una salvedad: en Chile, la restricción sólo ataca las políticas públicas; sin embargo, la píldora estará disponible en farmacias para quienes puedan pagarla.
UNA ALIANZA QUE REPRESENTA A POCOS
Para conseguir apoyo para su cruzada, Kast comenzó a hacer lobby en los pasillos del Congreso: “Se acercó a todos nosotros buscando aliados. Nos dijo que debíamos oponernos a la medida”, comenta un parlamentario de la UDI que rechaza la iniciativa.
Al comienzo, la idea despertó la simpatía de muchos compañeros de su partido y de Renovación Nacional. Sin embargo, algunos descubrieron en el camino que además de rechazar la distribución de la píldora para las niñas mayores de 14 años, el objetivo era también oponerse a la distribución de la T de cobre, que utiliza el 42,8% de las chilenas.
Además, la idea era también declarar inconstitucional el Levonorgestrel, componente de la “píldora” y presente en cerca del 40% de las píldoras que se venden en Chile.
Kast y Reyes necesitaban contar con 36 diputados para presentar el requerimiento. Luego de haber firmado, el diputado Juan Lobos (UDI) decidió retirar su patrocinio y aunque hoy está “satisfecho” por la resolución del TC, no se arrepiente de haberse retractado.
“Yo estaba de acuerdo con distribuir la píldora, pero con conocimiento de los padres, porque pertenezco a una corriente más liberal dentro del gremialismo. Yo leí todas las páginas del requerimiento que querían presentar y cuando vi lo de la prohibición del DIU [dispositivo intrauterino] decidí no participar. Alcancé a retirarme”, comenta Lobos. Su firma fue reemplazada por la del RN Maximiano Errázuriz.
Después de oficializada la resolución del TC el viernes pasado a través de un comunicado está en proceso de redacción y sólo será oficializada el 22 de abril hay algunos parlamentarios que dicen haberse enterado de la totalidad del contenido del requerimiento que firmaron sólo por la prensa.
“Yo firmé, pero no tenía idea que estaba incluido el tema de la T. Me siento engañado un poco también por el tema de la píldora, porque mi interés no era prohibirla para todas las mujeres, sino que sólo a las menores de 18 años. El requerimiento tenía 50 páginas, tengo muchas cosas que hacer, no lo leí completo, pero confié en lo que me decían mis compañeros de partido”, dice un diputado de Renovación Nacional que hoy se pregunta cómo revertir el fallo del TC.
“Nadie puede decir que no leyó el documento. Eso es una irresponsabilidad. Se supone que no cualquiera es diputado y había que informarse”, retruca Lobos, quien añade: “Bueno, si alguien se arrepiente puede retirar su firma”.
Sin embargo, ya es imposible y todos los parlamentarios firmantes son responsables del curso que tomaron las políticas de fertilidad en Chile. Después de la decisión del TC no hay otra instancia en Chile para apelar. La única posibilidad es que el Gobierno dicte una nueva norma, que ésta se discuta y luego se falle.
La diputada Karla Rubilar (RN) quien no firmó el requerimiento se reunirá esta semana con la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz, para estudiar qué acciones seguir.
“Yo estoy analizando recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, una decisión que también comparte la secretaria general de RN, Lily Pérez, aunque ese organismo internacional sólo se pronuncia sobre materias que no han podido ser resueltas en el país, por lo que el éxito de la medida es muy vago.
Aunque la decisión final del organismo no se convirtió en el peor de los escenarios para el Gobierno porque no arrasa con las políticas de fertilidad existentes hace 40 años , hay quienes temen que la versión completa del fallo también objete el Yuspe, un método utilizado tradicionalmente como contraceptivo combinando dosis de Levonorgestrel.
Ramiro Molina, director del Centro de Medicina Reproductiva e Integral del Adolescente (Cemera), afirma que el fallo del TC que fue adoptado por 5 votos contra 4 podría afectar en forma inequitativa a la población.
“Los tres quintiles más pobres acceden al sector público. Se trata de 1.912.667 mujeres que van a quedar fuera de la anticoncepción”, dice. En términos de segregación geográfica, el vocero de Gobierno, FranciscoVidal, explicó la situación de este modo: “Si tuvieran las lucas pueden ir a una farmacia en Vitacura y La Dehesa y comprarla. Pero como no tienen las lucas, entonces tenemos píldoras para las mujeres con plata y no tenemos píldoras para las mujeres sin plata”.
Eso no es todo, los detractores del fallo aseguran que las pastillas que contienen Levonorgestrel son más baratas y que esto obligará a las mujeres a comprar menos anticonceptivos. Esto aumentará el número de abortos clandestinos y la muerte de mujeres.
Pese a que se había negado a pronunciarse sobre el fallo del TC, la Presidenta Michelle Bachelet hizo declaraciones en ese mismo sentido antes de abordar un avión desde Londres hacia Santiago: “Lamento profundamente el fallo. En un país en que queremos seguir modernizándonos, queremos seguir creciendo, queremos estar en las ligas mayores, queremos que todos nuestros compatriotas puedan tener iguales oportunidades en salud, en educación, en desarrollo, en ser considerados ciudadanos como cualquier otro, el tomar una decisión de esta naturaleza me parece que es una profunda herida para poder construir una sociedad más justa, más equitativa”.
EL SILENCIO DE LA DC
A pesar que fue un democratacristiano quien inclinó la balanza en la votación del tribunal, la DC ha guardado absoluto hermetismo respecto a la decisión de ese organismo.
Si bien todos han coincidido en que Mario Fernández ex ministro de Defensa de Ricardo Lagos y actual miembro del TC no respondió a presiones más que las que nacieron en su propia conciencia, hay otros que esperaban que votara más cerca de las políticas públicas concertacionistas. Sin embargo, no fue así.
“El partido no va a lincharlo por su votación, eso fue privado y la presidenta [Soledad Alvear] tampoco puede pronunciarse sobre el tema porque no hay consenso”, dice un importante miembro de la tienda.
Aunque Alvear había manifestado su abierta oposición a que la píldora se entregara a las niñas mayores de 14 años, no ha hecho comentarios sobre esta última decisión del tribunal que afecta a una gran masa electora de mujeres que eventualmente se verían frente a la opción de votar por ella si es candidata presidencial.
Hay quienes piensan que la posición de la falange responde también a su cercanía con la Iglesia Católica, una presión que incluso usaron las cientos de manifestantes que protestaron por el fallo frente al TC el jueves pasado: “Alejen sus rosarios de nuestros ovarios”, rezaban las pancartas que prometen multiplicarse en las próximas semanas.
Destacados miembros de la Iglesia Católica influyeron en la decisión final del Tribunal Constitucional. “No es menor que haya sido el propio Fernando Chomalí [miembro de la Comisión de Bioética de la Conferencia Episcopal] quien participó en los alegatos sentado en la primera fila”, comenta un abogado constitucionalista.
Aunque la decisión del tribunal no es apelable, hay quienes piensan que esta acción se devolverá como un boomerang en el terreno político.
Claudia Dides, directora del Programa de Género y Equidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), se pregunta si las mujeres estarán dispuestas a votar por algunos candidatos que pertenezcan a la tendencia que pidió al TC la inconstitucionalidad de los métodos anticonceptivos. “Esto los va a afectar en las elecciones municipales”, dijo.
Búsqueda
Lista de Miembros
Calendario
Ayuda
